La doctrina que aplican los tribunales en relación con la posible exención en IRPF de las rentas que perciben los trabajadores como indemnización por la extinción del contrato de trabajo a causa de los llamados “acuerdos de prejubilación” no es uniforme. Existe una línea jurisprudencial consolidada en determinado Tribunal Superior de Justicia, favorable a dar un tratamiento a dichas cantidades equivalente a las indemnizaciones por despido que choca con las decisiones de otros Tribunales en sentido contrario. Ante tal situación, Unive Servicio Legal ha elaborado un dictamen que sirve de base para una serie de recursos de casación para unificación de doctrina que han sido presentados y deben presentarse en el futuro ante el Tribunal Supremo. Se intenta con dichos recursos obtener sentencias del Alto Tribunal que establezcan definitivamente la equiparación a todos los efectos de la extinción por despido a cualesquiera acuerdos de prejubilación que establezcan las empresas con sus empleados, en la medida en que estos acuerdos no constituyen en ningún caso verdaderos supuestos de extinción voluntaria de la relación laboral. Unive Servicio Legal entiende que la injusticia y discriminación que se produce entre unos trabajadores y otros justifica la adopción de medidas de presión ante los tribunales que permitan obtener finalmente una tutela favorable. Hay que tener en cuenta que en caso contrario estaríamos renunciando a importantes cantidades que pertenecen y deberían estar en poder del trabajador y no del Estado. Es más, a medida que pasa el tiempo, y el Tribunal Supremo aún tardará en resolver los recursos formulados, van prescribiendo las rentas devengadas. Sin embargo, si se plantean las reclamaciones y se mantienen los procesos abiertos, una eventual sentencia favorable en los recursos ya formulados permitiría obtener la misma tutela respecto de los planteados con posterioridad. Por todo ello, ofrecemos la posibilidad de facilitar las reclamaciones correspondientes, poniendo a disposición de los afectados nuestro servicio de “interés social”, lo que les permitirá defender sus derechos sin que la cuestión económica suponga un obstáculo.